El gobierno brasileño acaba de anunciar nuevas reglas de acceso al “Fundo de Financiamento Estudantil” (Fies) para nuevos préstamos a partir del 2018. FIES es el programa del Ministerio de la Educación de Brasil que financia cursos de enseñanza superior no gratuitos en un sistema de préstamos, muy importante hoy para el acceso a la educación superior en Brasil. Obviamente, es deseable que los programas sociales sean económicamente viables, pero se cristaliza en Brasil la importancia primordial de los aspectos fiscales en detrimento de objetivos sociales de equidad.
“Plano Nacional de Educação” y la austeridad fiscal
El 25 de junio de 2014, fue aprobado el Plan Nacional de Educación (PNE) (2014 – 2024), con un claro carácter expansionista de los derechos educativos. El PNE fue fruto de un amplio proceso de negociación en el parlamento y en la sociedad brasileña.
La principal innovación de la propuesta fue la aplicación de un mínimo de recursos públicos equivalentes al 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil en la educación, ya que muchos objetivos fundamentales para la educación brasileña sintetizados en el PNE dependen de la ampliación de recursos.
Pero los gastos sociales, entre ellos la educación, ya venían sufriendo recortes con la aplicación de las políticas de austeridad por parte del gobierno federal desde principios de 2015. En el 2016, la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95 representa la consolidación de una profunda revisión de los presupuestos inscritos en la Constitución de 1988, la “constitución ciudadana.” La EC 95 (o “techo de gastos”) establece que el aumento de los gastos primarios del gobierno sólo puede ocurrir de forma nominal a lo largo los siguientes 20 años. En práctica, la EC 95 congela los gastos reales en el área social. Es importante recordar que el nivel utilizado para fijar los gastos en educación ya era un nivel deprimido, afectado por el ajuste fiscal aplicado desde 2015.
Una nota de la “Campanha Nacional pelo Direito à Educação” y de La “Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação” (FINEDUCA) recién lanzada, afirma que el techo de gastos estrangula a la educación pública brasileña y acaba con el PNE. La nota es enfática en afirmar que faltan recursos para la educación en Brasil y que con la aplicación de la austeridad fiscal el PNE queda comprometido. Según la nota, el techo de gastos va a corroer la mayor conquista de la educación brasileña, que fue la vinculación de un porcentaje de los ingresos de impuestos para la educación, definidos en un mínimo del 18% para el gobierno federal. Recuerda la nota que ese mínimo fue introducido en la Constitución de 1934 y revocado sólo durante el Estado Nuevo y con el Golpe Militar de 1964 (periodos dictatoriales). Algunas estimaciones de la nota muestran también que con el techo de gastos el porcentaje de los ingresos del gobierno federal a ser destinado a la educación en 20 años llegaría al 10,3%, es decir, una reducción del 43%.
La educación será el área que sufrirá el freno más brusco en la expansión de sus fondos si es corregida sólo por la inflación: ya que de 2008 para el 2015, los gastos en educación aumentaron un 117% por encima de la inflación y en el 2015 superaron en un 28% el mínimo obligatorio por la Constitución, equivalente al 18% de los ingresos fiscales. El siguiente gráfico muestra una predicción sobre cómo se hubiera comportado el gasto en educación en diferentes escenarios: el efectivamente ocurrido (rojo), el mínimo (verde) y el techo de gastos (EC 95) (azul).
Evolución de los gastos federales en educación, en R$ (Real brasileño) mil millones, excluyendo sueldo de educación
Fuente: Dinheiro Público, 2016
Según el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, el techo de gastos es una medida ‘radical’ y sin ‘compasión’, que le va a atar las manos a los futuros gobernantes y que tendrá impactos severos sobre los brasileños más vulnerables, además de ser una violación de las obligaciones internacionales de Brasil. La apelación del relator especial a las autoridades brasileñas fue endosada también por la relatora especial sobre el derecho a la educación Koumbou Boly Barry.
Como se abordó en un blog previo del Informe GEM, el acceso equitativo a la educación superior es un problema global. Han aumentado los gastos por alumno, pero el gasto público por estudiante no lo ha hecho en igual medida. Pero al igual que este problema es tan común, también lo es la solución. Los programas de ayuda financiera pueden hacer las escuelas superiores y las universidades más asequibles mediante una combinación de subvenciones, préstamos y deducciones fiscales. Estos programas se han vuelto aún más esenciales porque, incluso donde pueda estarse cerrando la brecha en materia de acceso equitativo, la diferencia de acceso a instituciones de buena calidad cada vez está más relacionada con la capacidad de pago de los estudiantes.
Ya se ha demostrado – y de sobra – como las inversiones públicas en la educación tienen un impacto positivo en la economía. El enfoque de la política financiera de Brasil seria más efectivo si se enfocara en cómo ayudar a los estudiantes buscar más recursos para pagar las matriculas en vez de limitarlos.
