Antoni Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevila, Universitat Autònoma de Barcelona

La privatización de la educación ha generado uno de los debates más controvertidos y apasionados de las últimas décadas en el ámbito de la política educativa. Los defensores de las políticas de privatización educativa sostienen que éstas permitirían ampliar la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficientes y diversos los sistemas educativos, e incluso incrementar los niveles de acceso a la educación. Generar alianzas con el sector privado puede ser también una forma eficiente de ampliar la cobertura educativa cuando los recursos son escasos.

No obstante, la investigación académica sobre la temática pone de relieve que los riesgos y costes sociales de la privatización educativa superan ampliamente los beneficios potenciales. Así se desprende de un análisis bibliométrico reciente en el que se revisan 318 estudios académicos sobre los efectos de la privatización educativa. Según pone de manifiesto dicho estudio, el impacto de la privatización varía notablemente en función de la dimensión de impacto que se esté escrutando. Ahora bien, como se observa en el Gráfico 1, los efectos negativos prevalecen sobre los positivos en relación a la mayoría de las dimensiones consideradas, especialmente en materia de inequidades, inclusión y segregación escolar.

Gráfico 1. Estudios sobre privatización educativa según dirección del efecto y dimensión investigada

Fuente: Verger et al. (2016).

La prevalencia de efectos negativos en las dimensiones más directamente ligadas a la equidad se explica por las dinámicas de competición y segmentación generadas por las políticas de mercado en educación.

Los defensores de la privatización educativa a menudo argumentan que el rendimiento educativo del alumnado es superior en el sector privado. No obstante, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación considera el estatus socioeconómico del alumnado o la duración de la jornada lectiva.

Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales del personal docente. Los centros de gestión privada, exceptuando los centros de élite, tienden a ser más eficientes económicamente principalmente porque las condiciones laborales y salariales del personal docente de estos centros son bastante más precarias que las del personal docente de centros públicos.

Finalmente, y en relación a cuestiones de eficiencia económica, la investigación existente sugiere que el menor coste de la gestión privada se puede ver neutralizado a nivel agregado por los costos adicionales que conlleva la implementación de costosos sistemas de control y monitoreo de proveedores privados.

Nuevas voces ponen en cuestión las políticas de privatización

A la luz de las evidencias existentes, cada vez son más los agentes educativos que cuestionan los beneficios típicamente atribuidos a la privatización educativa. Las organizaciones docentes y de la sociedad civil ya hace tiempo que critican la privatización educativa porque vulnera la concepción de la educación como un derecho humano, y por sus efectos negativos sobre la equidad. No obstante, en los últimos años, nuevas voces se han sumado a la crítica o, al menos, al escepticismo hacia la privatización educativa. Entre ellas se encuentran organismos internacionales como la OCDE y, más recientemente, el Banco Mundial. La OCDE publicó en el año 2009 una revisión de la literatura académica sobre las políticas de mercado en educación en la que advierte que dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos. Este organismo llega a similares conclusiones en el conocido informe Equity and Quality in Education, publicado en el año 2012.

Por su parte, el Banco Mundial, en el World Development Report 2018 (WDR2018), se muestra inusualmente crítico con la participación del sector privado en educación.

En primer lugar, en el WDR2018, el Banco Mundial cuestiona la premisa de que la privatización mejora el rendimiento educativo. Concretamente, afirma que “no existe evidencia sistemática de que las escuelas privadas generen mejores resultados de aprendizaje que las escuelas públicas, ni de lo contrario” y añade que “comparaciones entre 40 países que controlan por diferencias [sociales] en las características de los estudiantes no identifican una ventaja ligada a la escuela privada para la gran mayoría de los países” (p. 176, traducción de los autores).

En segundo lugar, el informe advierte de los efectos negativos de la privatización sobre la segregación escolar, con argumentos similares a los que hemos puesto ya de relieve:

“Las escuelas privadas pueden centrarse en atraer a los estudiantes de ingresos elevados que son más fáciles de enseñar y más rentables, dejando en el sector público sólo los estudiantes más desaventajados.” (p. 177, traducción de los autores)

Finalmente, este organismo internacional llama la atención sobre los riesgos de utilizar al sector privado como una fuente de eficiencia económica en educación.

A modo de conclusión

La investigación académica disponible sobre privatización educativa pone de manifiesto que las políticas y programas pro-privatización tienden a socavar la equidad de los sistemas educativos y la cohesión social, y no generan los resultados esperados en materia de rendimiento académico. Estos efectos son especialmente acusados cuando las políticas de privatización tienen el objetivo explícito de introducir lógicas de mercado y competición en los sistemas educativos.

Ahora bien, la investigación sobre la temática es todavía escasa, especialmente en países en vías de desarrollo – lo cual es desafortunado de por sí dado que, precisamente, es en los sistemas educativos de los países menos desarrollados donde más se ha expandido el sector privado en los últimos años. En vistas a los numerosos riesgos y desafíos que conlleva la privatización educativa, resulta necesario seguir indagando sobre los efectos de las políticas de privatización y de mercado desde una perspectiva comprehensiva –es decir, desde una perspectiva que incluya pero que vaya más allá del análisis de los efectos de dichas políticas sobre los resultados de aprendizaje. De esta manera seremos capaces de dar cuenta de las externalidades y de las consecuencias a mediano y largo plazo de las políticas de privatización sobre los sistemas educativos, y contaremos con más elementos con los que plantear agendas de reforma educativa alternativas.