Par Kai Heidemann, PhD, es profesor asistente en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos.
La participación comunitaria en las escuelas ha sido un tema importante de discusión en los ámbitos académicos, de formulación de políticas y en entornos educativos. Si bien no hay consenso acerca de cuál es la mejor manera de fomentar dicha participación, todos reconocen ventajas en brindar espacios para la participación política, y la expresión de la ciudadanía en materia educativa. Fortalecer la participación comunitaria es considerado un requisito para la construcción de escuelas más democráticas e inclusivas, las cuales sean capaces de combatir problemas sociales acuciantes. Las escuelas comunitarias a menudo surgen como consecuencia de la desilusión de los ciudadanos ante las escuelas ‘tradicionales’ y pueden estar fuertemente ligadas a movimientos sociales que abogan por cuestiones vinculadas a la democratización y la justicia social.
Si bien existen muchas formas de fomentar la participación comunitaria en la educación, un método consiste en el desarrollo de ‘escuelas comunitarias’. Estos establecimientos de educación formal se relacionan profundamente con el contexto socio-cultural en el que se ubican. En las escuelas comunitarias los ciudadanos locales son los principales arquitectos y benefactores de los programas educativos.
En los últimos años, las escuelas comunitarias se han expandido de manera significativa en Argentina. Este crecimiento ha incluido, por un lado, un aumento general del número de escuelas comunitarias, como también así un crecimiento entre los diferentes tipos de colaboración entre las organizaciones locales que apoyan la educación comunitaria. Ello ha conllevado a un mayor reconocimiento del estado con respecto a la educación comunitaria.
En Argentina, las escuelas comunitarias son generalmente llamadas escuelas de gestión social o escuelas cooperativas. Las escuelas comunitarias surgieron en las décadas de 1940 y 1950 como una extensión de las reivindicaciones de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales anarquistas. Durante décadas, hubo sólo unas pocas escuelas de este tipo, las cuales funcionaban de manera desarticulada. Esto cambió, sin embargo, como consecuencia de las protestas sociales durante la crisis que el país sufrió a principios del siglo XXI. Hoy en día, funcionan más de 300 escuelas comunitarias en la Argentina.
Al comienzo del siglo XXI, el colapso masivo de la economía argentina y la crisis del sistema político contribuyeron a que ciudadanos de diversos estratos sociales reclamaran soluciones a las formas de desigualdad e inseguridad que existían. Fusionándose con movimientos sociales que ya existían y con los sindicatos, la ciudadanía se unió bajo el lema “que se vayan todos, que no quede ninguno”. Durante el año 2002, muchos ciudadanos se sumaron a una serie de conversaciones cívicas e iniciativas de organización comunitaria con el fin de cambiar la realidad socio-política. Entre las nuevas ‘realidades’ que surgieron de este contexto de protesta y movilización se encontraba la instrumentación de programas de educación popular para empoderar a la ciudadanía, a través de conocimientos y destrezas especificas, en un momento de inestabilidad e incertidumbre.
A medida que las distintas formas de organización popular fueron puestas en marcha se adoptaron nuevas ideas y prácticas dentro del sector educativo, las cuales fomentaron reformas impulsadas por la comunidad. Estas acciones sostenían la importancia de desarrollar escuelas comunitarias ‘autónomas’, basadas en los principios de solidaridad, cooperativismo y autogestión. El cúmulo de estos principios requería establecer fuertes niveles de participación comunitaria en educación para poder transformar a las escuelas locales en influyentes vehículos de democratización, empoderamiento y justicia social.
Debido a que muchos servicios y recursos educativos se deterioraron en Argentina durante los años 2000, una red pequeña pero influyente de educadores y padres en zonas rurales y urbanas trabajaron en conjunto con movimientos sociales para transformar la crisis en una oportunidad de empoderamiento, mediante una reforma educativa impulsada por la comunidad. Estos diversos actores interrelacionados, a menudo situados en barrios pobres y de clase trabajadora, se dedicaron al arduo trabajo de convertir a las escuelas locales en centros de educación comunitaria. La red sui generis de escuelas comunitarias que surgiría de estos esfuerzos concertados obtendría finalmente el reconocimiento y el apoyo del Ministerio Nacional de Educación argentino en el 2006 y pasaría a conocerse oficialmente como “escuelas de gestión social” y “escuelas cooperativas”. En el transcurso de solo unos pocos años, el panorama educativo se transformó como consecuencia del trabajo de educadores y ciudadanos comprometidos que canalizaron el impulso social de la protesta y movilización.
Si bien la expansión y el reconocimiento de las escuelas comunitarias en Argentina surgieron en el marco excepcional de una crisis y protesta nacional, en otros lugares como Zambia y Nepal grupos de ciudadanos de distintos orígenes también han intentado re-imaginar su panorama educativo a partir de la construcción de escuelas comunitarias. Si los diseñadores de políticas educativas y expertos en educación desean fomentar la participación comunitaria, entonces un buen punto de inicio es escuchar a las personas que dan vida a las escuelas comunitarias. Las políticas que buscan promover la participación comunitaria “desde arriba” no deben dejar de incluir la energía y el dinamismo generado por los movimientos sociales “desde abajo”.
