Por tercera vez en los últimos 12 años, los estudiantes chilenos regresan a las calles para reclamar la igualdad en la educación. Esta vez están protestando por una decisión tomada por el Tribunal Constitucional de revocar la Ley de Educación Superior, que habría hecho que la educación universitaria fuera gratuita y prohibido el funcionamiento de las universidades con fines de lucro.

Se han visto varios cambios bruscos en el contexto educativo en Chile. La educación gratuita se anuló en 1981, lo que provocó una explosión de proveedores privados y uno de los sistemas educativos más estratificados y segregados del mundo. Los estudiantes de secundaria salieron a las calles en 2006. En 2011, los estudiantes universitarios protestaron contra el costo de la matrícula, las deudas estudiantiles relacionadas, y el crecimiento de las instituciones privadas. Como resultado, cuando Bachelet fue elegida para su segundo mandato por un 62% del electorado en 2013, en parte por la ola de protestas, adoptó reformas de matrícula gratuita y transformó el sistema de educación con cupones que había creado desigualdades indeseadas en el acceso.

Fueron estas reformas las que recientemente llamaron inconstitucionales un grupo de universidades privadas. Igualmente, muchos las han llamado insostenibles; el Ministerio de Finanzas inicialmente estimó que su costo sería de $3.140 millones por año.

Las instituciones privadas de educación superior no son nada nuevo. Se han desarrollado de forma constante en todo el mundo, como demostramos en nuestro documento de política reciente. Representan el 49% de la matrícula estudiantil en América Latina, y alcanzaron el 80% de los estudiantes en Chile en 2015. Chile, según la OCDE, ahora tiene el cuarto sistema universitario más caro del mundo. Y, posteriormente, el costo frecuentemente corre a cargo de los estudiantes. Las cuentas nacionales de educación para 2013 muestran que los hogares en Chile cubrían el 55% del gasto total en educación superior.

“Las familias chilenas han tomado las calles por mucho tiempo para decir que no queremos educación con fines de lucro, que no queremos que los empresarios llenen sus bolsillos de los recursos de cientos de miles de estudiantes”, dijo Rodrigo Rivera, portavoz de CONFECH, la asociación nacional de estudiantes.

Las reformas de Bachelet apenas se implementaron durante dos años antes de ser frenadas en seco. Evaluar el impacto de algo tan a corto plazo es difícil. Dicho esto, los análisis emergentes de Brookings y la Universidad de Chile habían previsto que sus hallazgos podrían ser de utilidad para los responsables de la formulación de políticas en el Reino Unido y los Estados Unidos, que ahora enfrentan debates sobre el aumento de los costos de la matrícula. El último afirma que las reformas dejaron a las universidades sin fondos suficientes y con estudiantes de los estratos más pobres “desplazados”, complementando los esquemas existentes de ayuda estudiantil, en lugar de proporcionar educación para todos.

Nuestra base de datos WIDE muestra que, reformas o no, las desigualdades en el acceso a la educación superior permanecen. Solo el 35% de la quinta parte más pobre de Chile asiste a la educación postsecundaria, en comparación con el 65% de la quinta parte más rica. Ahora los estudiantes se preguntan: ¿Acaso la provisión privada es la respuesta a estas desigualdades? ¿Cubre su derecho a una educación gratuita?

Y su voz, sin duda, resonará como lo hizo en 2006 y 2011. La voz de las y los jóvenes, como mostramos en el Informe GEM 2017/8, es importante para responsabilizar a los gobiernos. Así como en los Estados Unidos la marcha de estudiantes que piden mejores leyes sobre las armas de fuego y la protección escolar ha sido un éxito, veamos ahora cómo se usa este poder en Chile. Es un caso de estudio perfecto de la rendición de cuentas en acción.