Aunque la mayoría de los países han firmado y ratificado tratados internacionales que defienden la igualdad de género, este compromiso no siempre es lo suficientemente claro en lo que respecta a la educación. En muchos lugares, las prácticas discriminatorias que impiden que las niñas embarazadas vayan a la escuela siguen existiendo.
Se ha convertido en una práctica habitual administrar pruebas de embarazo en escuelas de la República Unida de Tanzania, que tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas del mundo. Según Human Rights Watch (HRW), unas 8,000 niñas son expulsadas cada año por estar embarazadas. Tan recientemente como el año pasado, John Magufuli, el presidente de Tanzania, dijo que a las niñas embarazadas no se les permitiría regresar a la escuela. La expulsión de niñas embarazadas de las escuelas también se ha reportado en la República Democrática del Congo.
Los tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de Toda Violencia y Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (CADE) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESR) son críticos para evitar que esto suceda. Exigen, por ejemplo, una reducción de las tasas de abandono femenino (Artículo 10, CEDAW), acabar con la discriminación en la educación (Artículo 3, CADE) y el acceso a la educación para todos (Artículo 13, ICESR). Sin embargo, tanto la República Unida de Tanzania como la República Democrática del Congo han ratificado los tres tratados. Esto significa que, actualmente, los mecanismos del tratado que permiten a los ciudadanos desafiar a los gobiernos que violan estos derechos no se están utilizando de manera efectiva.
La educación desempeña un papel importante en el empoderamiento de las mujeres, para que progresen social y financieramente. Es por ello que es particularmente importante garantizar el acceso a las oportunidades de aprendizaje a todas las niñas en los países donde es más probable que se casen o den a luz a una edad temprana. El Informe EFA/GEM de 2013/4 estimó que, en África Subsahariana y Asia Meridional y Occidental, se producen hasta 3,4 millones de nacimientos antes de que las niñas alcancen los 17 años de edad. Una de cada siete mujeres jóvenes se ven afectadas en las dos regiones.
El progreso en este sentido beneficia las elecciones de las mujeres, se ha encontrado que mejora su salud y la de sus hijos, y, a largo plazo, produce la transición demográfica de altas a bajas tasas de natalidad. Empoderar a las mujeres al garantizar que permanezcan en la escuela les da más control sobre las decisiones de fertilidad.
Los gobiernos y los ciudadanos pueden reducir la discriminación contra las niñas embarazadas. Varios países han tomado medidas activas para eliminar los estigmas asociados con las niñas embarazadas para promover la retención escolar.
Uganda, por ejemplo, adoptó medidas anti-discriminación en 2013 y 2014 contra la exclusión de las niñas embarazadas, al tiempo que buscaba reducir el embarazo adolescente y el matrimonio precoz. Los resultados incluyeron un aumento del 4% en las tasas de finalización de la educación secundaria entre las niñas. El gobierno de México puso a prueba becas para adolescentes para que pudieran volver a la escuela después del embarazo. El país ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, según el UNICEF en 2017).
El embarazo adolescente es un desafío para todas las sociedades. Pero garantizar que las niñas embarazadas permanezcan en la escuela y ofrecerles incentivos para regresar a la escuela después del parto son formas importantes de abordar este desafío.
