Hace dos semanas, la Universidad Centroeuropea (CEU) anunció que se veía obligada a suspender sus programas educativos para refugiados y solicitantes de asilo debido a la nueva legislación fiscal que entró en vigor el 24 de agosto. La ley impone un impuesto del 25% sobre “todos los programas, acciones y actividades que apuntan directa o indirectamente a promover la inmigración” incluyendo cualquier cosa “que presente la inmigración desde una perspectiva positiva”.
En la actualidad, alrededor de 55 refugiados y solicitantes de asilo se verán afectados por este cambio.
La Universidad también tuvo que suspender, con efecto inmediato a partir del 24 de agosto, la Iniciativa de Aprendizaje Abierto (OLIve), y la administración de su Beca de Investigación Marie Curie, financiada por la Unión Europea, sobre políticas migratorias en Europa Central y Meridional.
Es posible observar la opinión de aquellos en la Universidad que tienen que hacer este cambio, aun a través de su declaración redactada diplomáticamente: “CEU aprovecha esta oportunidad para enfatizar, una vez más, que los programas OLIve han proporcionado entrenamiento educativo solo para personas legalmente admitidas en Hungría. Estamos orgullosos de este trabajo y de nuestra investigación sobre los problemas de los refugiados y la migración en Europa, y haremos todo lo posible para continuar este trabajo en el futuro”.
Si bien Hungría ya se ha unido a los Estados Unidos al negarse a firmar el Pacto Mundial sobre la migración segura, calificándolo de “amenaza para el mundo”, ya había firmado la Declaración de Nueva York, comprometiéndose a
… proporcionar una educación primaria y secundaria de calidad en entornos de aprendizaje seguros para todos los niños refugiados, y hacerlo a unos meses de su desplazamiento inicial. … El acceso a una educación de calidad, incluyendo para las comunidades de acogida, brinda protección fundamental a niños y jóvenes en contextos de desplazamiento, particularmente en situaciones de conflicto y crisis.
Del mismo modo, el Pacto Mundial sobre los Refugiados, indica que:
Los Estados y las partes interesadas pertinentes aportarán recursos y experiencia para expandir y mejorar la calidad e inclusión de los sistemas educativos nacionales para facilitar el acceso de los niños (tanto niños como niñas), adolescentes y jóvenes refugiados y de la comunidad de acogida a la educación primaria, secundaria y terciaria.
En Hungría, todas las familias solicitantes de asilo con hijos y los niños no acompañados mayores de 14 años deben permanecer en una de dos zonas de tránsito en la frontera con Serbia mientras se tramitan sus solicitudes. Los niños en estas zonas de tránsito no tienen acceso a la educación excepto aquella proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil.
También signataria de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es una pena ver a Hungría alejarse tanto de las ambiciones de “no dejar a nadie atrás”.
No hay duda de que la migración y el desplazamiento tienen grandes connotaciones políticas, que a menudo se ven como procesos, más que como personas. Al mismo tiempo, es inquietante ver los ataques a la inmigración, cuando hay evidencia de que la migración es una fuente de progreso humano.
Nuestro próximo Informe sobre este tema expondrá las enormes oportunidades que se pasan por alto al descuidar el derecho de los inmigrantes y refugiados a la educación. Enfatizará que negarles una educación puede construir muros entre ellos y las poblaciones nativas, en el peor de los casos fomentando la marginación, y presentará múltiples ejemplos para mostrar por qué este movimiento en Hungría es una decisión equivocada, que nos aleja de, en lugar de acercarnos al progreso.
