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La próxima semana, los ministros de finanzas serán convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas para examinar la financiación en la era del COVID-19 y más allá de ella.  Es fundamental que vean la educación como la clave para la recuperación de los efectos de la pandemia.  Los costos asociados con el cierre de escuelas, según el Informe GEM, en un nuevo documento de política publicado hoy, corren el riesgo de aumentar el déficit de financiación para el ODS 4 hasta en un tercio. Pero actuar ahora e invertir en programas de recuperación y reinserción es mucho más barato que desarrollar la educación de segunda oportunidad a largo plazo. Una acción inmediata podría reducir el costo adicional del COVID-19 para el ODS 4 en un 75%.

Incluso antes del COVID-19, el costo total anual de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria universal para los países de ingresos bajos y medio-bajos era de 504.000 millones de dólares al año. De esa cantidad, se prevé que 356.000 millones de dólares se sufragarán con recursos nacionales, según supuestos plausibles sobre el crecimiento, los ingresos fiscales y la prioridad asignada a la educación. Esto significa que existe un déficit de financiación anual de 148.000 millones de dólares de aquí a 2030 para la consecución del ODS 4.

Este déficit es mayor que el déficit anual de financiación de 39.000 millones de dólares calculado originalmente por el Informe GEM en 2015 debido a cinco factores. Para empezar, las tasas de matriculación y finalización solo han aumentado ligeramente desde 2015, lo que significa que ahora es necesario alcanzar los mismos objetivos del ODS 4 no en 15 años, sino en un plazo de tiempo comprimido de 10 años. En segundo lugar, en 2015, asumimos que el PIB crecería en un 5%, mientras que solo creció en un 3,7% en los países de bajos ingresos. En tercer lugar, el número proyectado de estudiantes ha aumentado ligeramente.  En cuarto lugar, lo mismo ocurre con los costos de construcción de las aulas, que ahora incluyen inversiones en agua, saneamiento e higiene. Por último, la mejora de los datos sobre la proporción de alumnos/maestro significa que se han hecho cálculos más precisos sobre el costo unitario de la prestación de una educación de calidad.

Si bien la ayuda internacional a la educación alcanzó un nivel máximo histórico en 2018, no se acercó en absoluto a la sextuplicación que se pedía en el Informe GEM en 2015, objetivo que podría haberse alcanzado si todos los donantes de la OCDE y algunos no pertenecientes a la OCDE dedicaran el 0,7% de sus ingresos a la ayuda y el 10% a la educación primaria y secundaria. Y, aunque la ayuda haya sido la más alta de todos los tiempos, todavía menos de la mitad (47%) de la ayuda a la educación básica y secundaria se asignó a los países de ingresos bajos y medios-bajos.

Si se añade el impacto del COVID-19 a estos análisis, se profundiza el desafío financiero. Hay costos significativos que se derivan del cierre de escuelas en relación con los programas de recuperación y reinserción. Para unos pocos, se necesitarán programas de segunda oportunidad. También contribuye al aumento de los costos la necesidad de garantizar la seguridad de los niños en la escuela, agregando espacios adicionales e instalaciones de higiene adecuadas. Solo el 24% de las escuelas de los países de bajos ingresos tienen instalaciones básicas para el lavado de manos.

En total, el nuevo documento de política muestra que el COVID-19 podría aumentar el déficit de financiación anual para la educación en los países más pobres en hasta un tercio, hasta llegar a los 200.000 millones de dólares anuales.

En el documento se pide que se adopten medidas preventivas ahora, en lugar de tratar de corregir el problema a largo plazo, lo cual tiene un precio mucho más elevado. Para quienes no estén convencidos de la necesidad de garantizar que no nos arriesguemos a perder una generación de alumnos, tal vez los persuada el precio asociado a tratar de solucionar el problema en una etapa posterior: se supone que la educación de segunda oportunidad cuesta el doble que la educación general, por ejemplo. Del mismo modo, mitigar la deserción escolar y las pérdidas de aprendizaje ahora puede reducir las tasas de repetición en la escuela y los costos asociados con una mayor duración de la escolaridad por estudiante.

Obviamente hay muchas incógnitas, todavía, tanto cuando se trabaja en proyecciones de este tipo, como en lo que respecta al COVID-19. Cuanto más tiempo cierren las escuelas, mayor será el costo. Los cierres y las limitaciones relacionadas con la actividad económica también influyen en el contexto. Las cifras de este blog se basan en lo que vemos como el escenario más probable de unas 20 semanas de cierres de escuelas con un retorno a las tasas anteriores de crecimiento económico después de una caída en 2020. Nuestro nuevo documento de política también contiene escenarios más pesimistas; escenarios que son difíciles de aceptar.

Sin embargo, independientemente de los plazos a los que nos enfrentemos, el hecho es que es esencial tomar medidas urgentes e inmediatas para evitar los peores daños posibles del COVID-19 en la educación. Urge que los gobiernos prioricen la reinscripción, la reparación y la inversión en infraestructura para que las aulas sean seguras.

Estos resultados tienen tres implicaciones principales.

En primer lugar, no es momento para que los gobiernos recorten su presupuesto de educación en respuesta a la recesión económica. Los gobiernos y los donantes internacionales deben mantener, si no aumentar, las inversiones en educación. Esta crisis sanitaria ha exacerbado el efecto de las desigualdades intercaladas en las oportunidades educativas. Los países necesitarán financiación adicional para las respuestas al COVID-19 que no estaban programadas anteriormente. Los donantes deben garantizar la flexibilidad necesaria para que los programas existentes puedan reestructurarse y reajustarse a fin de ayudar a los países a garantizar que el COVID-19 sea solo un revés temporal.

En segundo lugar, como esperamos que haya resaltado el Informe GEM 2020 sobre la inclusión y la educación, las escuelas deben ser más inclusivas al regresar si queremos garantizar que los más marginados no se desinteresen y abandonen la educación por completo. Los gobiernos deben destinar una parte importante de su presupuesto de educación a los más marginados: grupos, escuelas y regiones. Es positivo que en el documento preparatorio de la reunión de ministros de finanzas, que allana el camino para las deliberaciones de los Jefes de Estado del 29 de septiembre, se haya incluido esto como una prioridad de inversión: “sistemas de educación inclusiva que puedan responder de manera flexible y rápida a las crisis; apoyo a todos los niños para que vuelvan a la escuela y se pongan al día”. Los donantes internacionales también deben proporcionar una financiación equitativa a los países y regiones más necesitados.

En tercer lugar, los programas de reinscripción significan que los ministerios de educación y de protección social deben trabajar conjuntamente. La asistencia social, como las transferencias condicionadas de efectivo y las subvenciones para los niños con un componente de educación y una dimensión de género, son especialmente importantes para hacer frente a las barreras de la intersección de desventajas que impiden a muchos acceder a la educación.