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Por Nicole Bella, Matthias Eck y Constanza Ginestra

El embarazo adolescente ha sido identificado como un factor crítico en el abandono y exclusión escolar, especialmente en el caso de las niñas. 25 años atrás, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, un compromiso histórico para promover los derechos de las mujeres y las niñas, reconoció este hecho y llamó a los gobiernos a eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes a la educación formal. Al celebrar el aniversario de la Declaración de Beijing ¿Qué progresos se han realizado en esta cuestión y qué queda por hacer?

A nivel mundial, la prevalencia de los embarazos en la adolescencia disminuyó en un tercio entre 1995 y 2020, de unos 60 a 40 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Sin embargo, las tasas de embarazo adolescente siguen siendo elevadas en muchos países, especialmente en África Subsahariana, donde, a pesar de una caída general en los últimos 25 años, las tasas siguen siendo superiores al promedio regional de 1995 en países como Chad, Mali y Níger. Aunque todavía es pronto para evaluar los efectos del COVID-19 en el embarazo juvenil, el acceso restringido a los servicios de salud reproductiva y la mayor vulnerabilidad de las niñas en el hogar debido a las medidas de confinamiento, podrían poner en peligro los progresos realizados.

En el nuevo Informe GEM sobre Género 2020, publicado el mes pasado, se examinan los avances realizados en la protección del derecho de las jóvenes madres a la educación desde 1995 en tres países: Argentina, Sierra Leone y el Reino Unido. En Argentina, la tasa de fecundidad de las adolescentes se redujo de 61 en 1995 a 49 en 2018. En el Reino Unido, esta tasa ha disminuido a más de la mitad, pasando de 42 a 18 entre 1995 y 2017. De manera similar, en Sierra Leone, el porcentaje de madres jóvenes se redujo del 34% en 2008 al 21% en 2019.

Aquí algunas de nuestras principales conclusiones:

La probabilidad de embarazo adolescente depende de la región, el nivel de educación y la situación socioeconómica. En Argentina, el 18% de la quinta parte más pobre de las mujeres de 15 a 19 años de edad estaban embarazadas, en comparación con el 3% de la quinta parte más rica en 2011/12. En Sierra Leone, las niñas que habitan en zonas rurales tienen más probabilidades de quedar embarazadas que aquellas que viven en entornos urbanos (20% vs 14%). Asimismo, las adolescentes de la quinta parte más pobre de los hogares (33%) tienen tres veces más probabilidades de tener hijos que sus semejantes en los hogares más ricos (11%). Del mismo modo, el riesgo de convertirse en madre adolescente en el Reino Unido es casi diez veces mayor para las niñas de las clases sociales más bajas que para aquellas pertenecientes a los estratos económicos más altos.

Los embarazos tempranos dificultan considerablemente la educación de las niñas. En Argentina, mientras que el 57% de las madres jóvenes sólo había terminado la escuela primaria y el 38% la secundaria, sólo el 4% continuó con la educación postsecundaria. En Sierra Leone, de las adolescentes que no asistieron a la escuela, el 44% tuvo hijos, en comparación con el 17% de las adolescentes que han cursado estudios secundarios y han sido madres. Asimismo, en el Reino Unido, las mujeres con niños antes de los 18 años tienen un 20% más de probabilidades de no tener ningún título de educación a los 30 años que las demás mujeres.

Diferentes contextos hacen que los tres países hayan adoptado diferentes medidas para abordar esta problemática. La exclusión forzosa durante el embarazo ha sido una práctica de larga data en Sierra Leone, arraigada en las normas sociales de género y las tradiciones culturales. En 2010, el Ministerio de Educación emitió una directiva que impedía a las niñas embarazadas asistir a la escuela y someterse a exámenes. Esta legislación se hizo oficial en 2015 y se mantuvo en vigor hasta 2019. Ese año, la causa se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, donde se dictaminó que la prohibición era discriminatoria y se ordenó su levantamiento inmediato en diciembre de 2019. En marzo de 2020, el gobierno cumplió, revocando la prohibición de 2010 y anunciando dos nuevas políticas centradas en la “inclusión radical” y la “seguridad integral” de todos los niños y niñas en el sistema educativo, que entraría en vigor a partir del año escolar 2020/21. 

En el Reino Unido, las iniciativas para abordar el embarazo adolescente han priorizado la cooperación entre los departamentos gubernamentales. En 1999, el Gobierno puso en marcha una estrategia de diez años sobre el embarazo en la adolescencia. Este fue el primer enfoque integral para abordar el embarazo temprano en el país, dirigido por el gobierno nacional y aplicado a nivel local. La iniciativa se centró en una campaña nacional para sensibilizar a los jóvenes y a los padres y madres, apoyar a las madres y padres jóvenes mediante servicios de guardería y mecanismos de prevención mediante una educación sexual amplia y acceso a los anticonceptivos. Se diseñó una estructura nacional y local para implementar esta estrategia, creando una Oficina de Embarazo en la Adolescencia de ámbito nacional, establecida con financiación intergubernamental y compuesta por un equipo de funcionarios públicos y expertos externos también procedentes del sector no gubernamental.

Argentina, por su parte, promulgó leyes y programas para asegurar el acceso de las madres jóvenes a la educación, incluida la Ley 25584 en 2002 y la Ley 26206 en 2006. Los gobiernos locales y provinciales tomaron entonces la iniciativa para permitir que las niñas embarazadas y las madres y padres adolescentes volvieran a la escuela. En 2008, la Provincia de Buenos Aires, en colaboración con UNICEF, introdujo el programa Salas maternales: madres, padres y hermanos/as mayores, todos en secundaria, que estableció guarderías o jardines de infantes en la propia escuela o cerca de ella. También se ejecutaron programas similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

Abordar el embarazo adolescente requiere también educación sexual integral (ESI). La evidencia a nivel global demuestra que la ESI puede ayudar a los jóvenes a decidir retrasar el inicio de las relaciones sexuales, reducir la frecuencia de la actividad sexual sin protección y aumentar el uso de la protección contra los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual.

En Argentina, el 83% de las adolescentes de escuelas secundarias y el 74% de los varones reportaron en 2017 que el tema que más les gustaría que se abordara en su escuela era la salud sexual y reproductiva. Desde el año 2006, la ESI es obligatoria en el país en la totalidad de los establecimientos educativos públicos y privados, y en todos los niveles educativos. Sin embargo, tras 14 años de haber sido instituida, la implementación de la ESI en las escuelas es todavía incipiente y se aplica parcialmente en 17 de las 23 provincias. En cuatro provincias con las tasas más altas de embarazo adolescente, no se dispone de ninguna forma de legislación sobre la ESI.

En 2008, el Gobierno de Sierra Leone dejó de impartir ESI en las escuelas. Diez años después, se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Reducción del Embarazo y el Matrimonio de Adolescentes (2018-2022) con el fin de trabajar conjuntamente con los líderes políticos y religiosos, proporcionando ESI obligatoriamente en la formación de profesores y desarrollando paquetes de educación sexual para los estudiantes y el personal escolar. A pesar de esas medidas, el conocimiento de los anticonceptivos y el acceso a ellos sigue siendo un reto considerable. En 2019, el número de mujeres casadas y sexualmente activas de 15 a 19 años de edad que utilizaban anticonceptivos se redujo de 20% en 2013 a 14%.

En el Reino Unido, la ley sobre los niños y el trabajo social de 2017 introdujo la educación obligatoria sobre las relaciones (relationship education) en las escuelas primarias y la ESI obligatoria en todas las escuelas secundarias a partir del 2019. Se dictaminó que la disposición legal comenzara en septiembre de 2020 y que las guías de orientación se aplicaran en todas las escuelas. Estas guías obligan a los establecimientos educativos a aumentar el tiempo dedicado a la enseñanza sobre la salud menstrual y el consentimiento informado, aborda los riesgos relacionados con los medios de comunicación social e internet y esboza lo que los alumnos deben saber al final de cada nivel de escolaridad.

Las medidas con enfoques integrales son las más eficaces para abordar el embarazo adolescente. Nuestro análisis demuestra que, si bien en muchos países existen leyes que protegen a madres y padres adolescentes, en la mayoría de los casos no está claro cómo se ejecutan esas leyes en las escuelas. Asimismo, los programas para reducir el embarazo adolescente a menudo olvidan la necesidad de desafiar las normas de género establecidas. La mayoría de las intervenciones se dirigen únicamente a las estudiantes mujeres, mientras que la cuestión de la paternidad adolescente permanece invisible. Esto refuerza los estereotipos tradicionales de género y supone una carga adicional para las niñas que ven comprometido su derecho a la educación. Todo enfoque eficaz para ayudar a las madres adolescentes a seguir teniendo acceso a su derecho a la educación debe ser holístico e integrador. Sin duda alguna, el llamado realizado en 1995 para que se protejan sus derechos debe ser reiterado el próximo año, cuando la próxima versión de la Declaración de Beijing sea compilada en el Foro Generación Igualdad.