¿Qué tan público un sistema educativo que externaliza los libros de texto, la evaluación o la gestión de datos, o incluso la restauración y el transporte? ¿Se considera pública una política gubernamental redactada por un grupo de presión? ¿Cómo hacen los países para monitorear al personal docente de las escuelas públicas que complementan sus ingresos dando clases a estudiantes fuera de horario?
La respuesta es que no hay una respuesta clara. Es un mito que se conozca el alcance de la privatización.
Las descripciones de las tendencias del papel de los actores no estatales suelen basarse en la proporción de instituciones privadas en el total de la matrícula. Según esta definición, se puede concluir que, después de que la proporción creciera en 7 puntos porcentuales hasta el 17% en la primaria y el 26% en la secundaria en un periodo de 10 años, se ha mantenido relativamente estable desde 2014.
Cuatro ejemplos indican que las estadísticas no pueden captar el panorama completo.
En primer lugar, en algunos países pobres estas estadísticas subestiman el alcance de la participación privada si excluyen las instituciones no registradas, como mostramos en nuestro último Informe GEM 2021/2. Esto se debe a que registrar una escuela suele ser engorroso, lento y propenso a la corrupción, lo que hace que muchas escuelas funcionen sin licencia y sin cumplir las condiciones mínimas. En el estado de Gujarat (India), por ejemplo, cuatro años después de la entrada en vigor de las normas estatales sobre el derecho a la educación de 2012, más de 2.000 escuelas funcionaban sin un certificado de reconocimiento.
La situación es similar en África Subsahariana, donde muchas escuelas siguen sin estar registradas o reconocidas, y los gobiernos carecen de capacidad para hacer cumplir las normas y de recursos para dotar de personal a los organismos de inspección. Una encuesta realizada en 1.000 escuelas de cinco ciudades reveló que el 56% no estaban registradas, y un tercio de ellas llevaban funcionando al menos cinco años. En Burkina Faso, las visitas de inspección del gobierno en 13 regiones revelaron que 649 escuelas no cumplían los criterios mínimos de registro. De ellas, el 65% fueron consideradas “no reconocidas, pero recuperables” con ayuda del ministerio; el 35% restante fueron “no reconocidas e irrecuperables” y se ordenó que se cerraran.
Nigeria se enfrenta a considerables problemas de registro. En el estado de Lagos, el número de nuevas escuelas privadas registradas se duplicó con creces entre 2019 y 2020, pasando de 729 a 1.660. Pero en 2021, el gobierno había aprobado solo 1 de cada 4 de las cerca de 20.000 escuelas privadas en el estado. Alrededor del 40% de las escuelas encuestadas en la barriada de Makoko dijeron que seguirían sin estar registradas, principalmente porque les resultaba imposible cumplir las condiciones de la reglamentación. En Abuja, Territorio de la Capital Federal, el 66% de las escuelas no estatales no estaban registradas en 2016.
En segundo lugar, en los países ricos sobrestiman el alcance de la participación privada si clasifican como privadas instituciones que, a todos los efectos, son públicas en el sentido de que sus gastos son cubiertos en gran medida por el Estado. Como se mostró en el primer blog de esta serie, las distinciones entre actores públicos y privados pueden ser muy borrosas.
En tercer lugar, estas estadísticas tampoco pueden reflejar el hecho de que la educación técnica, profesional y de adultos se desarrolla en gran medida en el trabajo o, en general, fuera del ámbito gubernamental. La formación no formal y la patrocinada por el empleador están mejor situadas que la educación y formación formal para ajustar el desarrollo de competencias a necesidades actuales. En Europa, la formación relacionada con el trabajo patrocinada por el empleador representó el 85% de la formación no formal relacionada con el trabajo en 2016. La proporción de empresas que ofrecen formación profesional continua interna y externa aumentó del 48% en 2005 al 59% en 2015.
Aunque hay menos oportunidades, todavía casi una de cada tres empresas de los países de ingresos medios-bajos ofrece formación a los empleados fijos a tiempo completo. Una encuesta de empleadores realizada en el marco del Programa de Medición de Competencias STEP del Banco Mundial en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Sri Lanka, Viet Nam y la provincia china de Yunnan indicó que los empleadores tendían a preferir la formación en el trabajo a los programas externos impartidos por proveedores públicos o privados formales, especialmente porque se consideraba que los sistemas de educación general y profesional no respondían a las necesidades de competencias de los empleadores.
Y, en cuarto lugar, es igualmente muy difícil captar el pleno alcance de las clases particulares complementarias. Incluso en países que no cuentan con una oferta no estatal oficial, como Cuba y la República Popular Democrática de Corea, el sector de las clases particulares ha crecido en los últimos años.
Todo esto para subrayar que no puede haber ningún grado de certeza sobre el alcance de la privatización en la educación. Lo único que podemos asegurar es que ningún ámbito está más allá de él. Sigan leyendo mientras rompemos otros ocho mitos a lo largo de este mes para cuestionar las suposiciones sobre el papel y el impacto de los actores no estatales en la educación y para involucrarlos en las conclusiones de nuestro último Informe.
