Susan Hopgood, Presidenta de la Internacional de la Educación
Con motivo de la publicación de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente de las Naciones Unidas, les escribo como miembro del Grupo y como Presidenta de la Internacional de la Educación, que representa a las y los trabajadores de la educación de todo el mundo. Durante más de 30 años, como federación de 373 organizaciones miembros en 180 países y territorios, que representan a 32 millones de docentes y otros educadores, nuestro compromiso ha sido garantizar que todos los niños tengan acceso a un docente calificado y bien respaldado y a un entorno de aprendizaje de calidad.
Sin embargo, la promesa de una educación de calidad para todos sigue siendo elusiva debido al persistente desafío de la financiación. A pesar de los compromisos mundiales, muchos países no asignan suficientes recursos públicos a sus sistemas educativos. Sin un aumento sustancial de la financiación, lograr una educación inclusiva y de calidad para cada estudiante en todo el mundo para 2030 sigue siendo un objetivo lejano.
Como consecuencia de una insuficiencia crónica de la inversión en educación, nos encontramos ahora inmersos en una crisis cada vez mayor, una escasez mundial sin precedentes de 44 millones de docentes, una disminución de los recursos de los sistemas educativos en el 65% de los países de ingresos bajos y medios y en el 33% de los países de ingresos medios-altos y altos desde el inicio de la pandemia, y, literalmente, la mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el pago de intereses de deuda que en educación o salud. La crisis es tan generalizada que llevó al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, a convocar el Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente para centrarse en la consecución de nuestros objetivos mundiales compartidos en materia de educación.
El proceso de formulación de las recomendaciones del Panel se alimentó de informes procedentes de todos los rincones del planeta. De Francia a Chad, de Australia a México, las consultas pusieron de manifiesto la cruda realidad y los diversos desafíos a los que se enfrenta la profesión docente. En Francia, oímos hablar de aulas sin docentes a tiempo completo y de la creciente dependencia del personal contratado. En Chad, un país en el que se calcula que el 67% de la docencia carece de calificaciones, resonó alto y claro el llamamiento a la contratación y la formación profesional. Los educadores alemanes hablaron de la falta de 80.000 docentes, mientras que en Escocia, las diferencias salariales en la educación entre hombres y mujeres pintaron un panorama de desigualdad persistente, poniendo de manifiesto la tendencia mundial a infravalorar el trabajo femenino.
Ampliando estas historias, en Noruega, las y los educadores destacaron la necesidad de mejorar el desarrollo y apoyo profesional para retener a las y los docentes, señalando la cuestión más amplia del bienestar y la satisfacción profesional de la docencia. En Togo, a pesar de contar con un gran número de docentes calificados, las restricciones financieras limitan seriamente la capacidad de contratar y retener a estos profesionales, lo que subraya el desafío de la financiación global de la educación. La experiencia de Sri Lanka, al igual que la de Australia, destacó la brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas, en las que la escasez de docentes es considerable, lo que sugiere la necesidad de adoptar políticas específicas para fomentar la enseñanza en los lugares desatendidos. La historia de México sobre el diálogo social y la mejora de las condiciones de trabajo de la docencia nos recordó que el cambio es posible a través de la acción colectiva.
Estos relatos subrayan la necesidad crítica de abordar la crisis de escasez de docentes como un fenómeno global que requiere una acción concertada y colaborativa.
Una promesa para cada niñ@
El camino a seguir es a la vez urgente y claro. En primer lugar, asumir el desafío apremiante de que los gobiernos y las autoridades de todos los niveles realicen inversiones sustanciales en la profesión docente. Como afirma la Recomendación 17 del Grupo: “La financiación a largo plazo de una docencia bien calificada y respaldada es una inversión en la calidad y la sostenibilidad de los sistemas educativos”.
Esto incluye garantizar salarios competitivos para el personal docente, acordes con los de otras profesiones que requieren niveles de formación similares. La investigación en el campo de la economía laboral muestra sistemáticamente que una remuneración competitiva es crucial para atraer y retener a educadores de calidad.
Igualmente crítica es la necesidad de abordar la abrumadora carga de trabajo a la que se enfrentan las y los docentes, y de dejar tiempo suficiente para la planificación, la colaboración y el equilibrio entre la vida laboral y personal. El aumento de las tareas administrativas y el colapso de los servicios de apoyo han incrementado drásticamente la presión y las responsabilidades de los docentes, provocando agotamiento y un impacto negativo en el aprendizaje del alumnado.
Además, se debe invertir la tendencia hacia el empleo precario e inseguro en la enseñanza. La evolución hacia contratos de trabajo inseguros y la disminución de los salarios, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza de género de estas tendencias, han hecho que la profesión sea menos atractiva.
Las recomendaciones del Panel hacen un claro llamamiento para acabar con el empleo precario y por contrato. El Panel de Alto Nivel subraya el imperativo de valorar y respetar a los docentes, haciendo hincapié en que el diálogo social y la negociación colectiva son claves para situarlos en el centro de los procesos de toma de decisiones, reconociendo su experiencia pedagógica y otorgándoles un papel activo en la creación y el fortalecimiento de sistemas educativos que sean equitativos, inclusivos y capaces de satisfacer las necesidades de todo el alumnado.
Invertir en estas áreas es crucial para elevar el estatus de la profesión docente y garantizar que cada niño y niña tenga acceso a un maestro calificado, bien respetado y adecuadamente apoyado, ahora y para las generaciones venideras. Esto requiere un análisis y una planificación exhaustivos de la mano de obra, así como la revitalización de los sistemas públicos de educación que han sufrido por las políticas que promueven las reformas impulsadas por el mercado, la austeridad y la desregulación.
Las recomendaciones del Panel también exigen una reevaluación de las funciones desempeñadas por las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, e instan a abandonar las políticas que han socavado la enseñanza y el aprendizaje, como la de orientar a los países para que limiten la masa salarial del sector público.
Como voz mundial de la profesión docente, la Internacional de la Educación se compromete a abogar incansablemente por la aplicación de estas recomendaciones en todos los niveles de gobierno. A escala mundial, nuestras organizaciones miembros están unidas en una campaña – ¡Por la pública! Creamos escuela – para que los gobiernos rindan cuentas y cumplan con su obligación de financiar íntegramente los sistemas públicos de educación e invertir en la profesión docente. A ningún niño se le debería negar su derecho a la educación, y ningún docente debería tener que trabajar en condiciones que infravaloren su contribución esencial a la sociedad.
Ha llegado el momento de actuar con decisión para cumplir la promesa de la educación pública de potenciar el empoderamiento, la igualdad y la justicia social. Es hora de hacer pública la educación y de financiarla.
